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violencia
policial

Violencia policial es una plataforma que reúne datos actualizados sobre lesiones y muertes producidas por las fuerzas de seguridad argentinas para contribuir a monitorear sus intervenciones y orientar políticas de seguridad desde una perspectiva de derechos humanos.

  1. datos estadísticos
  2. historias
  3. femicidios policiales
  4. ejecuciones policiales
  5. bajo custodia
  6. represión con armas “menos letales”
  7. fuera de servicio
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Foto: Mauricio Centurión
Foto: Mauricio Centurión

violencia policial

Violencia policial es una plataforma que reúne datos actualizados sobre lesiones y muertes producidas por las policías y fuerzas de seguridad argentinas. Nos proponemos monitorear el uso de la fuerza estatal y orientar políticas de seguridad que respeten los derechos humanos.

  1. datos estadísticos
  2. historias
  3. femicidios policiales
  4. ejecuciones policiales
  5. bajo custodia
  6. represión con armas “menos letales”
  7. fuera de servicio

1. datos estadísticos

La cantidad de personas muertas por las fuerzas de seguridad es un indicador muy importante: una policía profesional brinda seguridad con un uso mínimo de la fuerza en situaciones excepcionales. Un número alto de intervenciones policiales letales podría significar que las fuerzas de seguridad no están bien preparadas o que la violencia institucional es promovida o tolerada por las autoridades y por la sociedad. El análisis pormenorizado de estas muertes –incluso cuando fueron provocadas por un uso legal de la fuerza- debe ser un componente central de las políticas de seguridad orientadas a reducir la violencia social y estatal.
Salvo pocas excepciones, las autoridades no consideran al uso de la fuerza policial como un problema relevante, lo que explica la ausencia de políticas de prevención de este tipo de violencia. La poca información oficial que se produce está dispersa y discontinuada y es de muy difícil acceso. Este déficit de larga data obstruye la construcción de indicadores de desempeño policial desde una perspectiva de derechos humanos. Frente a estas carencias, el CELS realiza desde 1996 una base de datos que registra hechos de violencia letal y no letal en los que participaron funcionaries de instituciones de seguridad.

Personas muertas en hechos de violencia con participación de fuerzas de seguridad.

Capital Federal y Conurbano Bonaerense.

Datos actualizados al 30/09/2020.

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En los últimos años, la cantidad de personas muertas en hechos de violencia con participación de fuerzas de seguridad descendió levemente. En cuanto a les particulares, esta tendencia comenzó luego de un pico en 2014. Respecto de les funcionaries, hace más de quince años que el número se mantiene relativamente estable. De acuerdo con los datos hasta septiembre de 2020, en ambos grupos persiste un núcleo de muertes que el Estado no pudo reducir.

particulares

Particulares muertes por funcionaries de fuerzas de seguridad, según institución del funcionarie interviniente.

Capital Federal y Conurbano Bonaerense.

Datos actualizados al 30/09/2020.

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Salvo durante algunos períodos, históricamente la Policía Bonaerense concentra la mayor cantidad de hechos de violencia letal. En los últimos años la creación de policías locales profundizó esta tendencia. Al mismo tiempo, a fines de 2016, la puesta en funcionamiento de la Policía de la Ciudad, que recibió a gran parte del personal de la Policía Federal, hizo que las muertes que acumulaba la Policía Federal se repartieran entre dos fuerzas. Actualmente, las cuatro fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria) son responsables de alrededor de un tercio de las muertes registradas en Capital Federal y Conurbano.

Particulares muertes por funcionaries de fuerzas de seguridad, según edad.

Capital Federal y Conurbano Bonaerense.

Se muestran las edades que pudieron ser documentadas. Datos actualizados al 30/09/2020.

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El perfil demográfico de quienes murieron por acción de funcionaries policiales y de seguridad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) muestra que los varones jóvenes son el grupo más afectado por la letalidad policial. Del total de particulares muertes de quienes existen datos etarios, siete de cada diez eran varones de entre 15 y 27 años. Entre las mujeres, casi la mitad tenía menos de 28 años. Mientras que el 83% de los varones murieron en presuntos enfrentamientos armados, el 40% de las mujeres fallecieron porque el funcionario utilizó el arma sin estar de servicio, haciendo un uso particular de la fuerza policial. Casi siempre se trató de un femicidio.

Particulares muertes por funcionaries de fuerzas de seguridad, según el lugar de los hechos.

Capital Federal y Conurbano Bonaerense.

Datos actualizados al 30/09/2020.

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La Ciudad de Buenos Aires concentra aproximadamente el 20% de la población del AMBA, mientras que el 80% vive en el Conurbano. El total acumulado registrado de particulares muertes por fuerzas de seguridad se distribuye con esa misma proporción. En los últimos años se observa una tendencia a concentrar mayor proporción de muertes en el Conurbano: desde 2011 cada año los casos registrados en el Gran Buenos Aires representan al menos el 85%. Los valores del último año exacerbaron esta tendencia: fueron 9 de cada 10 casos.

funcionaries

Funcionaries muertes en hechos de violencia, según institución.

Capital Federal y Conurbano Bonaerense.

Datos actualizados al 30/09/2020.

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Más del 40% de les funcionaries muertes son de la Policía Federal, mientras que un porcentaje apenas menor eran de las policías de la provincia de Buenos Aires (Bonaerense y locales). A pesar del despliegue territorial de Gendarmería y Prefectura en la CABA y en el Conurbano, les funcionaries de las fuerzas federales que fallecieron no representan una proporción significativa.

Funcionaries muertes en hechos de violencia, según edad.

Capital Federal y Conurbano Bonaerense.

Se muestran las edades que pudieron ser documentadas. Datos actualizados al 30/09/2020.

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A diferencia de lo que ocurre con los particulares, la distribución por edad de los funcionarios varones que murieron no está tan concentrada en un grupo etario. En el caso de las funcionarias la mayoría sí se ubica en la franja más joven, mientras que para las mujeres particulares esta distribución es más pareja entre los rangos de edad. Así, un 71% de las funcionarias muertas de las que se disponen datos era menor de 30 años. En cambio, los hombres menores de 30 años ocupan un 25% del total de los funcionarios muertos, mientras que un tercio de los fallecidos tenía entre 31 y 41 años.

Funcionaries muertes en hechos de violencia, según el lugar de los hechos.

Capital Federal y Conurbano Bonaerense.

Datos actualizados al 30/09/2020.

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Al igual que ocurre con les particulares, la amplia mayoría de les funcionaries murió en el Conurbano. En el último año esta proporción superó el 95%. Casi la totalidad de estos hechos ocurrieron cuando le funcionarie estaba fuera de servicio. Esto explica el traslado territorial de los patrones de letalidad policial: se trata de funcionaries que viven en el Gran Buenos Aires y desempeñan sus funciones en la Ciudad de Buenos Aires.

metodología de la base

Desde 1996 registramos en una base de datos los hechos de violencia en los que participan funcionaries de agencias estatales y privadas de seguridad.
Recolectamos las publicaciones periodísticas sobre las muertes y lesiones causadas por integrantes de las fuerzas de seguridad y sobre las muertes de funcionaries y las lesiones que reciben. De esta forma, la información recolectada refiere a tres unidades de análisis: el hecho, les funcionaries involucrades y las víctimas. Pese a los posibles sesgos en la información, el sostenimiento de la metodología durante más de dos décadas permite presentar series y observar tendencias.
Para la construcción de esta base de datos utilizamos como fuente los periódicos de mayor circulación: Clarín, La Nación, Página/12 y Crónica. En forma complementaria incorporamos datos provenientes de diarios locales y causas judiciales. Realizamos un seguimiento diacrónico de los casos si aparecen noticias como, por ejemplo, la sentencia de un juicio. Procesamos los datos con SPSS Statistics y almacenamos copias de las noticias en formato PDF.
Debido a sus fuentes de origen, los datos primarios son ilustrativos pero no exhaustivos porque la publicidad de los hechos está sujeta a decisiones periodísticas. Es posible que ocurra un subregistro de hechos violentos de menor gravedad que incida en una subcuantificación de les herides. A su vez, es esperable que siempre que la víctima sea un funcionarie la noticia aparezca y no así cuando no lo es. Lo mismo ocurre con la ubicación geográfica de los hechos: es más probable que sean publicados si ocurren en el AMBA. Finalmente, las torturas y los apremios ilegales rara vez son considerados publicables, salvo cuando involucran la desaparición, la muerte o lesiones graves. En el mismo sentido, la base de datos se actualiza con información posterior que también depende de los criterios periodísticos. Por ejemplo, si no se publica la muerte de alguien que había sido heride de gravedad se genera un sesgo ya que las muertes de funcionaries tienen mayor difusión. Por último, la generación de noticias periodísticas parte, en muchos casos, de los informes policiales, lo que puede generar que el relato inicial sea la versión de la fuerza de seguridad. Además, en algunos casos no se cuenta con la información completa de las víctimas particulares o de les funcionaries.

Foto: M.A.F.I.A
31/5/19, marcha por la masacre de San Miguel del Monte

2. historias

Detrás de las estadísticas de la violencia policial hay historias de vida. En esta sección presentamos algunas. Se irán sumando otras, tanto del pasado como del presente, en la medida en que estos hechos sigan ocurriendo.

3. femicidios policiales

Los femicidios cometidos por funcionarios de las fuerzas de seguridad son una parte importante de las muertes de mujeres en hechos de violencia institucional. Entre 2010 y 2020 al menos 48 mujeres fueron asesinadas en el AMBA por sus parejas o exparejas policías, 17 eran funcionarias de seguridad.
La portación del arma reglamentaria las 24 horas, amparada en el “estado policial”, pone en riesgo a las mujeres que conviven con funcionarios de seguridad: en los casos en los que existe violencia machista él puede utilizar el arma para hostigar, amenazar, herir o matar. En algunas policías la normativa restringe la portación si el funcionario fue denunciado por violencia machista, pero muchas veces no existe una denuncia previa formal.
Como ocurre en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento de las muertes cuyos responsables integran las fuerzas de seguridad. Como auxiliares de la justicia, las policías controlan los primeros momentos de la escena del hecho, lo que significa que pueden falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para hacerla coincidir con su versión.
En muchos casos las mujeres víctimas también son integrantes de las fuerzas de seguridad, lo que muestra un traslado hacia la vida privada de los patrones de discriminación, acoso laboral y violencia de género que están extendidos al interior de las policías.
En los últimos años, la creciente incorporación de mujeres a las fuerzas de seguridad y la visibilización social de la violencia machista han llevado en distintas jurisdicciones a la creación de oficinas cuya misión específica es atender esta problemática.

factores que perpetúan el problema

la portación
del arma

La portación del arma reglamentaria las 24 horas, amparada en el estado policial, pone en riesgo a las mujeres que conviven con funcionarios de seguridad.

el encubrimiento
policial

Como en otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, las prácticas de encubrimiento de estas muertes radican en que las policías controlan los primeros momentos de la escena del hecho.

factores que perpetúan el problema

la portación
del arma

La portación del arma reglamentaria las 24 horas, amparada en el estado policial, pone en riesgo a las mujeres que conviven con funcionarios de seguridad.

el encubrimiento
policial

Como en otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, las prácticas de encubrimiento de estas muertes radican en que las policías controlan los primeros momentos de la escena del hecho.

Giselle Martín

8/07/2018, Barracas, ciudad de Buenos Aires

Carlos Maximiliano Leal, efectivo de la Policía de la Ciudad, mató con su arma reglamentaria a su pareja Giselle Noemí Martín. Giselle tenía 39 años y llevaba dos décadas casada con Leal; tenían dos hijes. Leal había llegado a las 6 de la mañana de trabajar y, según su versión, tras una discusión Giselle lo empujó y él por accidente disparó el arma. Giselle recibió un balazo en el pecho. Leal la llevó al Hospital Churruca, donde falleció. La investigación judicial halló pruebas de que el relato de Leal era falso y de que ejercía violencia contra ella. En diciembre de 2019, fue condenado a prisión perpetua por homicidio agravado.

Romina Miriam Ibarra
Norma Milessi

5/11/2016, Paraná, Entre Ríos

Orlando Ojeda, integrante de la Prefectura Naval, asesinó a Romina Miriam Ibarra y a Norma Milessi, ambas habían sido pareja de él en distintos momentos. Primero, Ojeda fue a la casa de Romina, cabo de la Policía de Entre Ríos, de quien se había separado hacía poco tiempo. Le disparó en la cabeza con su arma reglamentaria. Luego, Ojeda se dirigió a la casa de Norma, su exesposa con quien tuvo tres hijes. Tras una pelea, le disparó varias veces frente a dos de sus hijes. Norma murió. Ojeda fue imputado por doble homicidio calificado.

Erika Gisela González

18/10/2015, Moreno, provincia de Buenos Aires

El cabo de la Policía Federal Fabián Horacio Ramírez mató a su expareja, Erika Gisela González, cadeta de la policía local de San Miguel. Ambos tenían un hijo de cinco años y se habían separado recientemente. Ese día tuvieron una discusión que culminó cuando Ramírez le disparó a Erika dos veces con su arma reglamentaria y se suicidó. Ella tenía 33 años; él, 35. Tras la alerta de les vecines, los dos fueron trasladados a un hospital de Moreno, pero fallecieron poco después.

Gisela Rojas

24/02/2013, Belgrano, ciudad de Buenos Aires

El cabo de la Policía de Jujuy Milton Canchi mató a su pareja, la cabo Gisela Rojas, de la misma fuerza, y se suicidó. A la medianoche, les vecines escucharon un disparo de arma de fuego y llamaron a la central de emergencias y a les familiares de Gisela. Al llegar, el personal policial no pudo ingresar a la vivienda. El hermano de Gisela intentó entrar por el techo, ya que nadie respondía a la puerta. En ese momento, se escucharon otras dos detonaciones. Al parecer, Canchi le había disparado a Gisela primero en el estómago, y al ver que efectivos policiales intentaban ingresar al domicilio, le disparó primero a ella una segunda vez y luego a sí mismo.

Brenda Solange Guerault

11/10/2012, Avellaneda, provincia de Buenos Aires

Brenda Solange Guerault fue asesinada por su pareja Maximiliano Villarda, integrante de la Policía Bonaerense. Tras discutir en la casa de él, Brenda le pidió a un amigo que la pasara a buscar y la llevara de vuelta a su vivienda. Villarda los siguió en su propio vehículo. Cuando Brenda bajó del auto Villarda le disparó con su arma reglamentaria en el rostro. Brenda tenía 23 años, y un hijo de 8 años con una pareja anterior.

Myriam Gladys Illobre

18/05/2012, Tigre, provincia de Buenos Aires

El oficial retirado de la Policía Federal César Hounau mató a su esposa Miriam Gladys Illobre, de 47 años, en la vivienda que ambos compartían. Esa tarde, Hounau llegó a su casa en El Talar de Pacheco y encontró a Miriam con otro hombre, Darío Oscar López. Según la investigación, le disparó primero a Miriam, quien murió a causa de seis heridas de bala. Luego, Hounau mató a Darío López, quien recibió diez impactos. Todos los disparos fueron efectuados con un arma calibre .22, que no fue recuperada. Hounau se fugó. Pocas semanas después fue capturado e imputado por doble homicidio calificado.

Foto: Pepe Mateos
27/8/19, 5ta marcha contra el gatillo fácil

4. ejecuciones policiales y uso desproporcionado de la fuerza letal

Muchas veces las intervenciones policiales terminan en ejecuciones o en el uso desproporcionado de la fuerza dado que la situación no habilitaba utilizar el arma de fuego.
Entre las situaciones en las que estos hechos de violencia son más frecuentes están las persecuciones, muchas veces originadas en que alguien quiso eludir un control vehicular. También el uso de la fuerza en protestas sociales o desalojos deriva en muchas ocasiones en intervenciones violentas. En otros casos, en acciones de prevención del delito, flagrancia u operativos de investigación criminal como allanamientos o detenciones, las intervenciones son desproporcionadas en relación al fin que persiguen: el hecho podría ameritar que les policías intervengan para evitar un delito o detener a quienes lo cometieron pero terminan causando un daño mucho mayor que el que pretendían evitar. Muchos de estos despliegues policiales tienen como origen la persecución de un delito menor y terminan causando la muerte o daños graves a la salud.
Les integrantes de las fuerzas de seguridad solo pueden usar la fuerza con resultados potencialmente letales de manera excepcional y en última instancia, es decir frente a una amenaza inminente a la propia vida o a la de otres. Las normativas nacionales e internacionales establecen los principios de necesidad, racionalidad, gradualidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza e indican que si la situación no amerita el uso del arma de fuego se deben utilizar otras formas de intervención.
Toda actuación por fuera de estos principios es ilegítima, aunque ocurra en el marco de procedimientos a primera vista legales.
La intervención con extrema violencia en situaciones conflictivas, especialmente cuando se trata de barrios pobres, se reitera con una frecuencia preocupante. La ausencia habitual de funcionaries judiciales supervisando los operativos que ordenaron y la falta de procedimientos rigurosos de registro -como por ejemplo, la grabación audiovisual exhaustiva- favorecen estos hechos de violencia.

situaciones que pueden
derivar en violencia extrema

situaciones
delictivas

persecuciones
policiales

represión

Muchos despliegues policiales ante situaciones conflictivas son extremadamente violentos y terminan causando la muerte o daños graves a la salud. Entre las situaciones que más se repiten están las persecuciones, las protestas y desalojos, los operativos y las acciones de prevención del delito y flagrancia.

Silvia Maldonado

16/6/2019, Santiago del Estero

La policía provincial realizó un operativo en el barrio Gas del Estado para detener a dos personas porque una vecina denunció que le habían robado unas herramientas. La policía quiso ingresar a una vivienda. Silvia, de 17 años, abrió la puerta y les pidió a los siete agentes que le mostraran la orden judicial que habilitaba el allanamiento. Les policías decidieron entrar por la fuerza. Según la madre de Silvia, algunes vecines les tiraron objetos y entonces comenzaron a disparar. Silvia recibió un balazo en la cabeza y murió dos días después. El cabo primero José Abraham reconoció haber disparado al aire con su arma reglamentaria, ya que se le “había trabado la escopeta” de las postas de goma. Abraham fue procesado por homicidio agravado con prisión preventiva. Ángel Ramón Mansilla, Juan Carlos Chávez, Fabio Cristian Cooper, Pedro Agustín Barraza, José Ramón Revaneira, Analía Gigena y Cristian Hernán Bravo fueron imputades por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Diego Cagliero

19/05/2019, Tres de Febrero, Buenos Aires

Diego Cagliero murió durante un operativo por los disparos que dos policías realizaron hacia la camioneta en la que viajaba con un grupo de amigos. Los ocho jóvenes volvían del entierro de un amigo. En el camino pararon en un supermercado, donde tuvieron un conflicto con los empleados porque algunos de ellos intentaron llevarse sin pagar unas mercancías. La discusión terminó cuando devolvieron gran parte de los productos, se subieron a la camioneta y se fueron. Los empleados del comercio llamaron al 911. Personal del Comando de Patrullas de Tres de Febrero de la Policía Bonaerense a bordo de cinco móviles hizo un operativo cerrojo para encerrar la camioneta: un móvil la cruzó en una esquina y el conductor se detuvo. Sin aviso, los policías dispararon por lo menos trece veces con sus armas reglamentarias hacia el habitáculo sin ventanas de la camioneta. Así, mataron a Diego e hirieron a Mauro Tedesco. La investigación judicial determinó que los responsables de los disparos fueron Rodrigo Canstatt y Sergio Montenegro: el primero disparó diez veces hacia la camioneta y ocasionó la muerte de Diego, mientras que el segundo realizó otros tres disparos que hirieron de gravedad a Mauro. En marzo de 2020, el caso fue elevado a juicio. Canstatt está imputado por el homicidio agravado de Diego y la tentativa de homicidio agravada de los demás, y Montenegro por la tentativa de homicidio agravada de Mauro y los otros jóvenes.

Christopher Rego

12/08/2018, Parque Patricios, ciudad de Buenos Aires

Christopher salió de una fiesta de cumpleaños para llevar en auto a un amigo a su casa. Se encontraron con un control vehicular de la Prefectura y Christopher intentó eludirlo. Les prefectes, quienes le habían indicado que se detuviera, lo persiguieron a pie y dispararon varias veces. Christopher fue herido en la espalda, perdió el control del auto y se detuvo al chocar con un vehículo estacionado. Falleció poco después de ser trasladado a un hospital. Les funcionaries habían verificado que Christopher estaba malherido pero se retiraron del lugar, luego de levantar dos vainas servidas. Ocho integrantes de Prefectura fueron detenides: Pablo Brites, Leandro Díaz Guevara, Jaqueline Acosta, Javier Fernández, Cristian López, Rubén Viana, Lucila Carrizo y Mariano Paredes. Brites reconoció ser el autor de los disparos y fue imputado por homicidio agravado. Les demás fueron acusades de encubrimiento agravado, abandono de persona seguido de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público. A Jaqueline Acosta se le dictó falta de mérito. Todes fueron exonerades de la fuerza; el juicio oral y público está pendiente.

Oscar Moreno
Martín Moreno

15/01/2017, Tafí del Valle, Tucumán

Oscar Marcelo Moreno y su hijo Martín, de 25 años, murieron baleados luego de un control vehicular. Martín volvía de un partido de fútbol cuando personal de la Policía de Tucumán lo detuvo en un control. Como no tenía los papeles en regla los policías le pidieron dinero para dejarlo pasar. Martín se negó a pagar y se fue en el auto en dirección a la cancha de fútbol donde estaban su padre y otros familiares. La policía inició una persecución y comenzó a dispararles. Oscar intentó proteger a su hijo y recibió disparos en el tórax. Martín fue impactado por dos disparos. El comisario de Tafí del Valle fue imputado por el homicidio agravado de Martín y Oscar Moreno.

Ariel Santos

22/12/2016, Caballito, ciudad de Buenos Aires

Ariel Santos, de 42 años, fue asesinado por la oficial de la Policía Federal Argentina Carla Céspedes dentro de un comercio. Las imágenes de las cámaras de vigilancia mostraron que Ariel estaba huyendo del negocio junto con otro muchacho con quien habían entrado a robar. Céspedes le disparó mientras él estaba desarmado y de espaldas a ella, intentando encender su moto. La policía fue procesada por homicidio agravado por el abuso de sus funciones. Dos años después, en noviembre de 2018, fue absuelta. El fallo fue apelado por la familia y está pendiente de resolución por la Cámara Federal de Casación Penal. Luego de la sentencia Céspedes, que ahora forma parte de la Policía de la Ciudad, fue recibida y elogiada públicamente por la entonces ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich.

Fernando “Güere” Pellico

26/07/2014, ciudad de Córdoba

Fernando Pellico y su primo Maximiliano Peralta andaban en moto cuando se encontraron con un patrullero en el que iban dos efectivos de la Policía de Córdoba, el agente Lucas Chávez y el sargento Rubén Leiva. Según la versión policial los jóvenes habían evitado un control vehicular y provocado un enfrentamiento armado. Lo cierto es que los policías dispararon, mataron a Fernando por la espalda e hirieron a Maximiliano en la pierna derecha. Luego modificaron la escena del hecho y realizaron un disparo al móvil policial para simular que los jóvenes estaban armados. En diciembre de 2016, Leiva y Chávez fueron condenados a prisión perpetua por el asesinato de Fernando Pellico y por las lesiones graves de Maximiliano Peralta.

Daiana Lorena Santos

26/07/2012, Quilmes, Buenos Aires

Un grupo de efectivos del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y la comisaría 3° de Quilmes, de la Policía Bonaerense, realizaron un allanamiento en un domicilio en una investigación por robo. Daiana estaba en la vivienda, acostada en su cama. Tras la irrupción policial se levantó para ver qué pasaba. Un efectivo policial le disparó y la mató. Daiana tenía 19 años y, a causa de una discapacidad motriz, se trasladaba en silla de ruedas. Según la versión oficial, el sargento que efectuó el disparo, Jorge González, oyó un “ruido metálico” y por eso disparó. El ruido era la silla de ruedas. González fue desafectado de la fuerza por decisión de la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y se le inició una causa judicial por el delito de homicidio agravado.

Foto: Claudio Santiesteban
31-07-2015

5. bajo custodia

Las dependencias policiales no son establecimientos preparados para alojar personas por tiempo prolongado, ya que no cuentan con los espacios y medidas de seguridad básicas. Sin embargo, su uso como lugar de detención por semanas y meses es frecuente en muchos lugares del país. Allí, la violencia sistemática, el hacinamiento y la precariedad de la vida son un problema estructural de larga data. En general, las policías tampoco cuentan con lineamientos claros para gestionar espacios de encierro.
Cuando los hechos de violencia ocurren, quienes trabajan en las comisarías tienen la capacidad para controlar tanto la escena del hecho en sus primeros momentos como a les detenides que fueron testigues. En muchas ocasiones intentan anular esos testimonios con amenazas o negociaciones a cambio de mejoras en las condiciones de detención de quienes están privades de la libertad. Eso acarrea serias dificultades para investigar estos casos.

Condiciones de detención

La violencia sistemática, el hacinamiento y la precariedad de la vida en estos espacios son un problema estructural de larga data.

La violencia sistemática, el hacinamiento y la precariedad de la vida en estos espacios son un problema estructural de larga data.

Alojamiento prolongado

Las dependencias policiales no están preparadas para alojar personas por mucho tiempo, ya que no cuentan con los espacios y medidas de seguridad básicas, pero su uso como lugar de detención prolongado es frecuente en muchos lugares del país.

Las dependencias policiales no están preparadas para alojar personas por mucho tiempo, ya que no cuentan con los espacios y medidas de seguridad básicas, pero su uso como lugar de detención prolongado es frecuente en muchos lugares del país.

Comisaría 3º de La Tablada

31/12/2019 7 y 5/1/2020, La Matanza, Buenos Aires

Treinta agentes varones y una mujer de la Policía Bonaerense abusaron sexualmente de 28 mujeres que estaban detenidas en la Comisaría 3º. El grupo de policías varones que intervino es parte del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), un cuerpo táctico. Las requisas vejatorias fueron denunciadas por la Comisión Provincial por la Memoria y la Defensoría de Casación provincial luego de una inspección sorpresiva a la comisaría, cuando el organismo constató que las mujeres habían sido golpeadas, amenazadas e insultadas por les policías. Según la denuncia penal, en el primer episodio los hombres del GAD obligaron a las detenidas a ingresar a las celdas, mientras la mujer las sometía a un trato humillante que incluyó el abuso sexual. Luego, los policías las amenazaron y aislaron para que no pudieran relatar lo sucedido. En el segundo episodio los policías obligaron a las detenidas a desnudarse en el baño común y a realizar ejercicios físicos degradantes. Luego de la denuncia, se dispuso la intervención de la comisaría y personal de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense allanó la seccional, desplazó a su titular y secuestró documentación para instruir sumarios. En junio de 2020 la jueza de Garantías nº1 de La Matanza, Mabel Castillo, procesó a nueve policías con prisión preventiva por severidades, vejaciones y abuso sexual agravado con distintos grados de responsabilidad.

Matías Iberra

1/7/2019, Merlo, Buenos Aires

La noche del 26 de junio de 2019 Matías Iberra, un joven en situación de calle, fue increpado por dos personas en una plaza del centro de la localidad de Merlo, provincia de Buenos Aires. Lo acusaban de haber hurtado, junto con otras personas, un equipo de mate. Los denunciantes le sacaron su mochila y se dirigieron a la Comisaría Primera de la zona. Matías los siguió hasta la dependencia policial. La policía no encontró entre sus pertenencias los elementos supuestamente hurtados. A pesar de ello, lo demoraron, el fiscal pidió su detención y el juez la convalidó. Le dictaron la prisión preventiva por no tener domicilio fijo. Quedó preso en la comisaría. Cinco días después, el 1 de julio, Matías apareció muerto en otra comisaría, la Segunda de Merlo, a la que había sido trasladado algunas horas antes. Estaba golpeado. Los efectivos policiales de la Comisaría Segunda dejaron constancia de que al recibirlo presentaba rastros de golpes. Sin embargo, un certificado médico efectuado unas horas antes decía que no tenía lesiones visibles. No se alertó a ninguna autoridad de lo ocurrido, ni de las inconsistencias de la documentación. Las comisarías primera y segunda de Merlo fueron allanadas recién el 5 de julio, cuatro días después de los hechos. La investigación para determinar qué sucedió en la Comisaría Primera y por qué los policías de esa dependencia decidieron llevarlo a otra comisaría sigue en curso.

Comisaría 3º de Esteban Echeverría

15/11/2018, Esteban Echeverría, Buenos Aires

El 15 de noviembre del 2018 hubo un incendio en la comisaría 3° de Transradio en Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. Diez detenidos murieron: Elías Soto, Miguel Ángel Sanchez, Jeremías Rodríguez, Jorge Ramírez, Eduardo Ocampo, Juan Bautista Lavarda, Juan Carlos Fernández, Walter Barrios, Carlos Corvera y Martín Arguello. La gran mayoría no tenían condena, eran jóvenes y se los investigaba por delitos menores. Carlos Corvera estaba preso porque un vecino lo había denunciado porque había intentado robar una cortadora de pasto. Jorge Ramírez iba a recuperar su libertad el día siguiente del incendio, pero murió asfixiado. La comisaría estaba clausurada por incumplir las normas de seguridad y hábitat y tenía prohibido alojar detenides de forma permanente. Sin embargo, al momento del incendio había allí 27 personas detenidas que debían turnarse para dormir ya que tenían solo tres colchones, que no eran ignífugos. Los dos matafuegos que había estaban vencidos. Ese día, los policías cortaron la luz para que los detenidos no siguieran escuchando música. A modo de protesta, iniciaron un fuego que pronto incendió toda la celda, abarrotada de cosas de los doce hombres. Los policías no abrieron las rejas ni procuraron frenar el incendio. Cinco policías bonaerenses fueron desafectados. Todos están denunciados por abandono de persona seguido de muerte, ya que su accionar impidió que los detenidos pudieran ser sacados a tiempo del lugar. Al lado de la comisaría se encuentra el Destacamento Primero de Bomberos Voluntarios, todavía no se determinó por qué no entraron a las celdas para apagar el fuego.

Gonzalo Fernández

18/6/2017, Almirante Brown, Buenos Aires

El 17 de junio de 2017, Gonzalo fue detenido luego de una pelea entre vecinos y fue llevado a la comisaría 3° de Almirante Brown, donde quedó privado de la libertad ya que tenía una causa anterior por conducir un auto sin portar los papeles en regla. Durante las catorce horas que estuvo detenido ningún allegado pudo verlo. Al día siguiente, fue encontrado ahorcado en su celda. La versión policial sostuvo que se había suicidado con su remera. La autopsia lo desmintió. La familia denunció haber sufrido intimidaciones por parte de los efectivos de la comisaría 3°.

Foto: Emiliana Miguelez
02/02/2016, represión a Los Auténticos Reyes del Ritmo

6. represión con armas “menos letales”

En los últimos años, se expandió en todo el mundo el uso de un tipo de armamento al que se llama “menos letal” o “no letal” como las armas de fuego que disparan postas de goma y las pistolas Taser. Argentina no es la excepción. Ya en 2007 la muerte del maestro Carlos Fuentealba visibilizó este problema: fue asesinado por la policía de Neuquén que le disparó una granada de gas lacrimógeno a muy corta distancia. Estas armas se comercializan alegando que minimizan los riesgos de letalidad y de heridas graves. Sin embargo, está comprobado que producen muertes, discapacidades y lesiones permanentes. Los disparos a corta distancia o en la cabeza y el rostro con balas de goma son especialmente peligrosos. Aunque los principios internacionales sobre el uso de la fuerza deben aplicarse también a estas armas, son repetidos los casos de uso indiscriminado que violan estos criterios.
Existe poca información producida por el Estado sobre las consecuencias del uso de estas armas, y menos aún lineamientos sobre su utilización segura, lo que deja librados los criterios a los pocos datos que proveen los fabricantes. En algunos casos, las empresas que fabrican postas de goma establecen que un disparo a menos de diez metros de distancia puede matar.
Presentar a este tipo de armas como inocuas conduce a que las fuerzas de seguridad interpreten que están habilitadas a utilizarlas con menos restricciones que las armas de fuego con munición letal. La falta de mecanismos de rendición de cuentas y de instancias de formación y evaluación profundizan el problema.

Sebastián Britos

23/3/2020, General Pico, La Pampa

Durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por la pandemia de COVID-19, Sebastián fue herido con balas de goma por un policía del grupo GEO de la Policía de La Pampa. Había salido a comprar pan y, según relató su pareja, Soledad Salas, desde un edificio cercano y sin dar previamente la voz de alto, un policía le disparó con balas de goma que le impactaron en el cuello y la mandíbula. Sebastián cruzó corriendo la calle para entrar a su casa y recién al ingresar se dio cuenta de que sangraba. Le dijo a su pareja que había escuchado un disparo, pero los impactos en su cuerpo fueron más de tres. Sebastián tardó en llamar a emergencias médicas por miedo a ser detenido, pero con el correr de las horas el dolor se le tornó insoportable y finalmente fue internado.

Ángel Alexis Noguera

3/2/2018, El Gráfico, Tucumán

Alexis Noguera tenía 23 años cuando murió en medio de un allanamiento a su casa: un grupo de veinte oficiales de la policía provincial ingresaron tirando gases lacrimógenos y disparando balas de goma. Iban en busca de su hermano, por un presunto delito. En el lugar había mujeres y niñes. Alexis intentó defender a su hermano de los golpes de los agentes pero lo golpearon también a él. Cuando los policías los redujeron, Alexis estaba en el suelo y un oficial le disparó en la cara una bala de goma y le dio un culatazo con la escopeta que lo desvaneció. Falleció al día siguiente. Su familia reiteró que sufría hostigamientos por parte de la policía local que ya habían sido denunciados.

Los Auténticos Reyes del Ritmo

29/1/2016, Bajo Flores, ciudad de Buenos Aires

Esa noche, un patrullero de Gendarmería intentó ingresar a la villa 1-11-14 con una grúa de la Policía Federal. Los referentes de la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo se acercaron a pedirle a los efectivos que entraran por otra calle porque había chicos y chicas bailando. Los efectivos respondieron con amenazas e insultos y dispararon con postas de goma, mientras pretendían pasar con los móviles entre las personas. Al menos diez vecines, entre ellos tres niñes de entre cinco y diez años, fueron herides por las balas de goma. Varies recibieron múltiples impactos en el cuerpo. Un niño fue herido por una bala de plomo. La acción recibió el respaldo de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich. En 2018 el sargento Elvio Cardozo y los cabos Darío Soler Páez, Saúl Juárez y Esteban Smolares y les gendarmes Guido Catia y Yanina Maldonado fueron procesades por el delito de lesiones leves agravadas por el abuso de su condición de miembros de una fuerza de seguridad.

Foto: Claudio Santiesteban
28-06-2017, participantes de una protesta detenidos por la Policía de la Ciudad

7. fuera de servicio

El uso de armas de fuego por parte de funcionaries de seguridad mientras están fuera de servicio es uno de los problemas principales del uso de la fuerza estatal: la mayoría de las muertes causadas por funcionaries de seguridad y también la mayoría de las muertes violentas de les funcionaries ocurren en esta circunstancia.
El centro de esta cuestión es el “estado policial”, una disposición legal que habilita a quienes integran o integraron las fuerzas de seguridad a portar el arma reglamentaria las 24 horas. En muchas policías no es una obligación llevar el arma, pero les funcionaries de casi todas las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales lo hacen porque sigue vigente la idea que asocia la esencia del “ser policía” con portar el arma de fuego. Además, muchas dependencias policiales no tienen lugares específicos y protegidos para dejar las armas.
La portación del arma fuera del horario de servicio confluye con la creencia de que les efectives de seguridad deben intervenir en cualquier circunstancia. Con frecuencia, portan el arma con el cartucho en la recámara y el martillo bajo, como lo permiten las regulaciones de muchas policías, y en situaciones conflictivas o delictivas pueden abrir fuego con solo apretar la cola del disparador. De esto deriva uno de los patrones principales de la violencia policial. Esta costumbre es un peligro para la vida de les particulares y de les funcionaries, incluso de quienes ya se retiraron.
En otras ocasiones, les funcionaries usan el arma otorgada por el Estado para resolver conflictos personales y entonces situaciones de la vida cotidiana, como una discusión de tránsito o un conflicto entre vecines, se transforman en escenarios para intervenciones potencialmente letales. La portación del arma fuera del horario laboral promueve además el desplazamiento de la violencia hacia los lugares de residencia de quienes forman parte de las fuerzas de seguridad: sus hogares y sus barrios.

Sandra Rivas

27/12/2018. Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires

Sandra Rivas viajaba junto a su hija en la primera fila de un colectivo de la línea 338 cuando subieron dos muchachos que amenazaron con armas a les pasajeres e intentaron robarles. Dos policías que viajaban en el colectivo intentaron detenerlos y comenzó un tiroteo dentro del vehículo. Sandra recibió un disparo policial en la cabeza y falleció en un hospital. Otro pasajero sufrió heridas leves por el roce de una bala en el brazo. Los jóvenes que intentaron el robo también fueron heridos de bala y fueron internados. La investigación estableció que Lucas Santillán, efectivo de la Policía de la Ciudad, de 19 años, mató a Sandra Rivas. El caso aún no llegó a juicio.

Damián Cutrera

1/08/2018, Retiro, ciudad de Buenos Aires

El prefecto Daniel Acosta mató con su arma reglamentaria a Damián Cutrera en el peaje de la autopista Illia. Cutrera, de 41 años, viajaba con su pareja y dos familiares por la autopista. Acosta conducía su auto particular, iba acompañado por su pareja y sus dos hijos. Al llegar al peaje tuvieron una discusión por un incidente de tránsito y Acosta le disparó a Cutrera en el pecho. El prefecto será juzgado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego con dolo eventual.

Dylan Alejandro López

8/5/2018, Villa Soldati, ciudad de Buenos Aires

El cabo primero de la Policía Federal Pablo Emiliano Sueldo estaba fuera de servicio y trabajando como chofer de Uber, aunque la normativa de la PFA indica que el único trabajo extra permitido es el “servicio de policía adicional”. Según su versión, un grupo de jóvenes intentó robarle y mientras uno se metió en el auto el otro quiso abrir la puerta trasera. En ese momento sacó su arma reglamentaria y disparó tres veces. Uno de estos disparos, en la nuca, mató a Dylan Alejandro López, de 15 años. Sueldo fue imputado por homicidio simple; su defensa estuvo a cargo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal, del Ministerio de Seguridad de la Nación. El 11 de mayo de 2018 el Juzgado en lo Criminal y Correccional nº 46 le dictó la falta de mérito.

Cristian Toledo Medina

15/07/2017, Barracas, ciudad de Buenos Aires

Cristian Toledo Medina, de 25 años, fue asesinado por un oficial de Bomberos de la Policía de la Ciudad, Adrián Otero. Cristian iba en su auto con dos amigos, Carlos Gavilán y Jorge Daniel Nadalich. La investigación judicial reconstruyó que, luego de una discusión, Otero persiguió al auto en el que iban los tres jóvenes y les disparó al menos siete veces. Al contrario de lo que afirmó el policía, los jóvenes no estaban armados. En octubre de 2018 Otero fue condenado a prisión perpetua por el homicidio de Cristian, agravado por el uso de arma de fuego y por su condición de integrante de una fuerza de seguridad, y por la tentativa de homicidio igualmente agravado de Carlos y Jorge.

Lorena Elizabeth Albarracín

6/06/2017, Glew, provincia de Buenos Aires

Edgar Alberto Yedro Ocampo, efectivo de la Policía Federal de 26 años, mató con su arma reglamentaria a su vecina Lorena Elizabeth Albarracín. Ocampo le había reprochado a uno de los hijos de Lorena haber roto una luminaria pública; en medio de la discusión, el policía había arrojado un destornillador que golpeó en la cabeza al chico. Lorena se acercó a la casa de Ocampo para pedirle explicaciones. El policía respondió con agresiones verbales y Lorena decidió retirarse del lugar. En ese momento, el policía le disparó por la espalda con su arma reglamentaria. En febrero de 2020, fue condenado a 18 años de prisión por homicidio simple.

Carlos Daniel Molero
Maximiliano Díaz

9/11/2016, Longchamps, provincia de Buenos Aires

El subinspector de la Policía Metropolitana Carlos Daniel Molero estaba comprando en un supermercado, fuera de servicio y sin uniforme, cuando tres muchachos ingresaron a robar al local, con armas de fuego. El oficial dio la voz de alto y desató un enfrentamiento. Kevin Magdalena logró escapar, pero Maximiliano Díaz y un tercer joven murieron en el lugar a causa de los disparos. Molero también fue herido y falleció más tarde. En mayo del 2017, Magdalena fue detenido, juzgado y condenado por homicidio en ocasión de robo.

Emanuel Ojeda
Carlos Abregú

17/03/2013, Moreno, provincia de Buenos Aires

Aníbal Alejandro Aguirrez Manzur, efectivo de la Policía Federal, les disparó a Emanuel Ojeda y a Carlos Abregú, ambos de 17 años. Según su relato, usó su arma reglamentaria porque los jóvenes habían querido robarle la moto en su día de franco. Emanuel murió en el acto y Carlos estuvo más dos meses internado hasta que falleció. Otros dos efectivos policiales, Juan Leonel Segovia y Martín Adrián Olguín, se presentaron como testigos; los tres sostuvieron que un grupo de personas se habían llevado el arma que portaban los jóvenes. Durante el juicio se determinó que los muchachos habían estado desarmados. En septiembre de 2016, Aguirrez Manzur fue condenado a 20 años de prisión por homicidio agravado; los otros dos policías, acusados por encubrimiento, fueron absueltos. La defensa de los tres estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación.